La decisión de limitar la práctica de la subcontratación laboral en México a servicios especializados generará un impacto negativo en la economía nacional, advirtió Armando Leñero, presidente del Centro de Estudios del Empleo Formal (CEEF). 

 “Como ha sucedido con otras reformas, entre ellas la fiscal, se prevé que tenga una implementación desordenada, ya que las empresas no cuentan ni con el conocimiento, ni con los recursos o el capital humano preparado para hacer una transición sencilla”, agregó. 

El directivo comentó que, aunque el Gobierno refiere periodos de transición, “el plazo de tres meses está fuera de la realidad que viven las empresas, de manera particular las pequeñas y medianas, esto sin pensar en el impacto financiero que recibirá la compañía con los ajustes que demanda la ley”. 

Actualmente, hay 36 millones de personas con un empleo formal remunerado independiente, de los cuales 23 millones están registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro social (IMSS), a través de estas empresas de subcontratación. 

De acuerdo con información difundida de manera reciente, solo 34% del mercado integrará a su personal contratado mediante outsourcing.